Cómo se destapó la mayor trama de carne en mal estado
Dos denuncias anónimas activaron una operación que destapó una de las mayores tramas en España contra la salud pública. Se trata de un entramado de empresas que captaban carne caducada, a punto de caducar y en mal estado que nunca se vendió en los supermercados.
En lugar de ser enviada para su destrucción, tal como marca la ley, era desviada a naves clandestinas donde se “limpiaba” y se reetiquetaba para colocar una fecha de caducidad un año posterior a la real. Así se destapó el mayor delito contra la salud pública en España de los últimos años. Se trata de un negocio millonario manejado por un complejo entramado empresarial cuyos cabecillas aún se desconocen.
El inicio de la investigación de la trama
– Un extrabajador y socio de una de las empresas implicadas en la trama denuncia a los servicios sanitarios la actividad irregular. La empresa, con sede en Murcia y presencia en Madrid y Extremadura, se encargaba de distribuir carne, embutidos y jamones en mal estado y manipulados para que pareciera que se encuentran en buenas condiciones. El trabajador denuncia la presencia de mercancía cárnica no apta para el consumo.
– Los servicios sanitarios detectan naves clandestinas en varias poblaciones de Extremadura. En su interior, un grupo de trabajadores es sorprendido mientras reetiquetan productos caducados o en mal estado, con gusanos y larvas de moscas. Los servicios sanitarios no esperaban encontrarse con tan enormes cantidades de mercancía, suficiente para llegar media España. Se dan cuenta de que se trata de un caso mucho más grave de lo esperado. Y llaman a la fiscalía.
La trama del jamón llega a los juzgados
– La Guardia Civil inicia investigaciones y el caso llega a los juzgados. Tras más de un año de averiguaciones, declaraciones y documentos y archivos informáticos decomisados, los investigadores dan forma a una enorme trama empresarial diseñada para evitar la detección de sus máximos responsables. Se trata de un negocio millonario.
– La juez ordena la destrucción de unos 100.000 kilos de carne en mal estado por un peligro para la salud pública. Se decreta la retención de mercancía en dos empresas: Valle de los Valfríos y Cash la Temporada.
20.000 kilos de carne destruida
– Una empresa se dedicaba a dar salida al producto adulterado y la vendió a cárceles de toda España, según la investigación. La empresa ha negado cualquier vinculación con la trama pero la juez ha ordenado destruir al menos 20.000 kilos de carne en mal estado o sin trazabilidad, es decir, la documentación necesaria para averiguar su origen.
-El negocio comienza a adquirir grandes dimensiones y las empresas que reetiquetan se ven en la necesidad de alquilar naves a otras compañías para almacenar la carne en mal estado que llega de toda España.
Salta la liebre en Valencia
– Una inspección en Valencia detecta también grandes cantidades de carne con gusanos y en malas condiciones. Es el mismo panorama que el encontrado en Extremadura. Están implicadas las empresas Vitalinna y Jamones Nicolau.
– Los inspectores detectan grandes cantidad de jamones de marcas de Comapa, el primer distribuidor de ibéricos de España y que tiene entre sus principales clientes a Carrefour y Makro.
Sanidad lanza la alerta contra ocho marcas
– El ministerio de Sanidad lanza una alerta sanitaria para ocho marcas comerciales y pide a los consumidores destruir cualquier producto de estas marcas. Se trata de Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro de la Ermita.
– Carrefour sigue vendiendo su jamón Oro de la Ermita durante una semana, pese a la prohibición del ministerio de Sanidad. Tras la publicación de la noticia en Economía Digital, la cadena decide retirar el producto vetado por la Agencia Alimentaria.
La investigación sigue abierta
– Ahora, buena parte de los implicados y los imputados se encuentran falsificando facturas y albaranes para intentar diluir su responsabilidad en la trama, según fuentes cercanas a la investigación.
– Queda por determinar la responsabilidad y participación fabricantes y empresas de distribución en la trama. La investigación aún está abierta.
Valencia denuncia, Extremadura calla y Andalucía tapa
– Las actuaciones de las administraciones han sido dispares. La Comunidad Valenciana ha deninciado públicamente las marcas implicadas, mientras que el gobierno de Extremadura ha callado por temor al hundimiento de una de sus principales industrias. Para sorpresa del sector, el gobierno de Susana Díaz ha ordenado incinerar los jamones podridos en tiempo récord y sin autorización judicial, algo que ha desconcertado a los empresarios cárcnicos que han exigido a las administraciones máxima celeridad y sanción a los responsables para no perjudicar a la industria.