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¿Un gran hermano para vigilar a los mataderos españoles?

Las imágenes difundidas recientemente sobre el manejo de corderos en un matadero de Segovia ha reabierto el debate sobre la conveniencia o no de obligar por ley a colocar cámaras de vigilancia en estas instalaciones, convertidas en algo parecido a un “gran hermano” que todo lo vea.

Fuentes de la industria cárnica y organizaciones animalistas y de los consumidores, consultadas por Efeagro, no son coincidentes en sus opiniones, pero sí en la disposición al diálogo para intentar alcanzar una solución que evite casos como los denunciados.

La Unión Europea (UE) es la que dictamina las leyes relativas al bienestar animal en el momento del sacrificio y España adaptó el Reglamento comunitario con un Real Decreto de 2014 en el que se recogen aspectos específicos sobre la formación del personal, la matanza de emergencia o la comercialización de productos de equipamiento de sujeción y aturdimiento.

En ninguno de ellos se menciona ni obliga a la instalación de cámaras de videovigilancia que graben estos procesos y es ahí donde discrepan las fuentes consultadas.

La industria cárnica

Desde la industria cárnica, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne (Anice) señala que no se oponen a la instalación de cámaras , “si eso contribuye a una mejora del control”, pero tienen “dudas” de si es necesario, ya que la Ley comunitaria exige una presencia “permanente” de los servicios veterinarios oficiales en los mataderos para “vigilar” que se respetan los requisitos.

En esa línea, recuerdan que la normativa española y europea es la “más exigente del mundo”, “es cumplida por todas” las empresas y, “si existe algún caso excepcional” de malas prácticas, el sector es el “primero en condenarlo” y en exigir “que se vigilen y sancionen”. Y apuntan que están abiertos al “debate y análisis” de este asunto, “lógicamente de la mano de la autoridad competente”.

Fuentes de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) consideran -en la misma línea- que el uso de cámaras “con la finalidad de control” “no tiene mucho sentido”, pues “ya existen métodos de control públicos y privados” que “garantizan el cumplimiento legislativo“.

Los veterinarios oficiales “tienen que estar presentes” y son los encargados de “velar” que estas instalaciones aplican de forma correcta la legislación, añaden.

Las empresas, según Fecic, “invierten muchos recursos” tanto humanos como económicos para que sus instalaciones y procesos se llevan a cabo “en todo momento” según la normativa; e incluso mataderos “en muchas ocasiones” tienen que superar auditorías de certificación o del propio cliente que son “más exigentes” aún.

Animalistas y consumidores

La organización en defensa de los animales Equalia fue la que difundió las imágenes del matadero de Segovia y ha lanzado una campaña de recogida de firmas para obligar por ley a la instalación de videovigilancia, que ya ha conseguido 25.000 rúbricas.

Su portavoz, Silvia Mayorga, defiende esta acción al entender que los consumidores “tienen derecho” a saber con “transparencia” si se cumple la normativa existente.

Tras afirmar que su asociación “no está en contra de la ganadería, ni de su industria”, Mayorga defiende que se hagan “las cosas mejor” para que casos como el de Segovia no ocurran.

A su juicio, la instalación de cámaras “ayudaría en general a todos” porque su visionado “puede garantizar el correcto comportamiento” en las instalaciones.

Para el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, es “clave” la petición de Equalia para “garantizar” que se cumplen los protocolos durante el sacrificio de los animales,un asunto que consideran sensible para los consumidores, ya que este tipo de cuestiones “inquieta a buena parte” de la ciudadanía.

Además de la videovigilancia, Sánchez es partidario de realizar más inspecciones “y sin aviso”para “que no se pueda prevenir al posible infractor”.

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